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Sábado, Septiembre 21, 2019 - 16:43

Ante el llamado a juicio al gobernador de Nariño por parte de la Corte Suprema de Justicia, diputados del departamento señalaron que desde esta Corporación se hizo el control político y llamado a la Administración seccional cuando se conoció la negociación de los licores en la región.

Los encargados del control político a la Administración seccional señalaron que desde el inicio de este proceso de contratación se hizo el respectivo llamado para que se tomaran las medidas del caso, pero no se tuvo en cuenta sus apreciaciones.

Expresaron que este llamado se veía venir puesto que fue un proceso que generó muchas dudas en su momento y fue tema de intensos debate en el interior de la Duma, como lo señaló el diputado Omar Cerón, quien viene realizando el respectivo control político al tema de los licores en el departamento.

Para el exdiputado Jairo Otero, quien en su momento expuso el caso en la Asamblea, “nosotros habíamos instaurado las denuncias públicas ya que no había coherencia. Se estaba en un gobierno abierto y en el momento se realizaban negociaciones del talante del aguardiente, que es el principal negocio que tiene el departamento a puerta cerrada con un proponente de apellido Portilla”.

“Se tuvo las evidencias del caso por parte de los licoristas, agrupados en una asociación, puesto que fueron ellos quienes pusieron en tela de juicio este negocio que no era muy claro y que se había proyectado prácticamente en campaña. Que el beneficiario de la negociación había hecho aportes importantes a la campaña del hoy gobernador de Nariño”, dijo.

 

“Negocios en campaña”

 

El negocio se llevó a cabo a dedo y de una manera irregular, puesto que no se hizo la convocatoria pública. Prácticamente estas negociaciones se hicieron en la campaña del actual gobernador. Esta asociación señaló que Richard Portilla había hecho aportes a la campaña y que tenía prelación en la negociación, expuso Jairo Otero.

Explicó que esta se hizo con una empresa que nació después de la posesión del gobernador. “Todo esto se pudo constatar en los debates en la Asamblea de Nariño y al señor Mario Benavides se le suplicó en su momento para que no se adelantara esta negociación puesto que se tenía las denuncias por parte de los licoristas”, señaló.

Se tenía conocimiento de que se recibieron cheques sin fondos para cubrir el negocio, de igual forma se vendió a crédito. De 18 mil millones de pesos solo se recibieron dos mil millones y el resto fue cancelado a crédito con cheques posfechados y sin fondos, situaciones que fueron explicadas por los funcionarios de la Gobernación.

“A pesar de estas advertencias el gobernador continuó manifestando que no existían irregularidades en este proceso y lógicamente estos errores hicieron perder recursos importantes para el departamento”, dijo.

Es de recordar que al gobernador y algunos de los funcionarios se los responsabiliza de los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.

DIARIO DEL SUR se trató de contactar con el empresario Richard Portilla, pero sus familiares señalaron que por el momento no entregará ninguna declaración a los medios de comunicación sobre este tema.

 

“Mucha preocupación”

 

El diputado Andrés Zúñiga manifestó que se recibe con preocupación la noticia del llamado de la Corte Suprema al gobernador Camilo Romero y que espera que se aporten las pruebas que conduzcan a aclarar esta delicada situación, en la cual también están incluidos otros exfuncionarios.

“En el caso de Mario Benavides yo puedo asegurar que en donde se ha desempeñado lo ha hecho con mucha pulcritud, conozco su trayectoria y sé que es un ciudadano honorable y siempre apegado a la norma, de tal manera que espero que las explicaciones que brinden ante la Justicia puedan conducirlos a que se aclare su situación”, dijo el diputado.

Zúñiga manifestó que desde la Asamblea se realizó el respectivo control político a este proceso por medio del cual se adjudicaba la comercialización de los licores.

 “Dentro de lo que a nosotros nos compete se hizo el respectivo seguimiento pero ya fueron las autoridades quienes tomaron la determinación a través de una denuncia que realizaran otros ciudadanos que comercializan este tipo de productos. Para que se adelanten las investigaciones del caso, por lo que a nosotros nos competía, era el definir si se realizó un adecuado procedimiento. Pero fue la Fiscalía quien tomó la determinación de adelantar la investigación correspondiente”.

El diputado aseveró que espera que esta situación no influya de una manera negativa en el próximo proceso electoral del 27 de octubre. “Es pertinente tener en cuenta propuestas contundentes a elegir a quien maneje los destinos. Que no solamente tenga los conocimientos sino la experticia como gerente para poder sacar adelante el desarrollo regional. Nariño necesita de un líder que conozca a la región”.

Puntualizó que será la Justicia quien determine la responsabilidad de los investigados. “Espero que las autoridades realicen un adecuada investigación y se les garantice el debido proceso a todos los investigados”.

 

“Enorme preocupación”

 

El diputado Heriberto Campaz aseveró que es una grave situación ante las presuntas irregularidades que se presentaron durante esta negociación con los licores en el departamento.

Estos hechos afectan al departamento y sobre todo a la costa ya que teníamos la esperanza hasta el último día de que el gobernador se manifestara con algún tipo de inversión en este territorio puesto que pasaron cuatro años y no se vio ningún proyecto de impacto en esta zona de Nariño.

“Es un tema muy delicado para el departamento teniendo en cuenta que se está en el cierre del periodo del gobernador Camilo Romero, quien tiene muchos asuntos pendientes. Aquí se tendría que esperar los resultados del juicio y que sean las autoridades competentes quienes determinen el grado de culpabilidad de los implicados y definan si existieron irregularidades en el proceso de contratación de los licores en 2016”, dijo.

Campaz reiteró que desde la Duma siempre se han convertido en garantes para que las cosas se hagan bien y es así como se le viene realizando un seguimiento a otros proyecto como la conectividad en Ipiales, el Plan de Alimentación Escolar PAE.

 “Hemos estado atentos para que las autoridades sean quienes al final digan si hubo o no actos de corrupción en estos modelos de contratación, como el de los licores en el 2016. Esperamos los resultados que dictamine la Corte Suprema de Justicia”.

Agregó que desde la Asamblea siempre se hicieron las recomendaciones a la Administración seccional.

 “Como diputado y responsable del control político siempre se hizo la sugerencia que se debía respetar el debido proceso a los demás participantes y que se dieran las garantías a los comerciantes minoritarios que venían participando en este proceso. Llegamos hasta donde nos corresponde y ahora las entidades de control tienen que definir si hubo irregularidades o no”, puntualizó.

 

“Existen inconsistencias”

 

El diputado Omar Cerón aseveró que esta situación es verdaderamente preocupante, puesto que Nariño en el concierto nacional se deja ver que existen muchas inconsistencias y problemas administrativos.

“Este llamado por parte de la Corte Suprema se tenía que venir y ahora se tiene que ser cauto en el sentido de que los fiscales tienen los argumentos necesarios para emitir su concepto y hacerlos llegar a esta instancia y de este modo que tomen la decisión que sea para que el ritmo administrativo del departamento no se altere”, aseveró.

Agregó que el periodo tanto de gobernadores como de alcaldes está por terminar y los nariñenses esperamos que las autoridades definan este caso que afecta a la región.

Cerón manifestó empezó con el tema de los licores desde hace mucho tiempo, ya que el enfoque que se le dio al manejo en las administraciones anteriores no fue el más adecuado, sobre todo cuando se hizo esta negociación que quedó en entredicho. A pesar de los llamados de la Asamblea se la manejó de esta forma y esto dio para que se presenten este tipo de hechos.

Manifestó que el panorama político después de esta determinación no es el mejor, ya que la comunidad nariñense mira como los dirigentes y gobernantes quedan en entredicho por el manejo de los recursos públicos.

 “Es un mal mensaje y las gentes de Nariño entienden que estamos pasando por un periodo no muy bueno en la historia de la región”.

Manifestó que desde la Duma se llevó a cabo el control político sobre este tema, desde la liquidación de la Licorera de Nariño hasta el tema de los trabajadores de esta empresa, de allí de la contratación de las 80 mil cajas de licor dejamos en el debate los argumentos necesarios por lo cual se solicitaba este control y ya las entidades del Estado tienen que tomar las decisiones respectivas”.

 

“Justicia cojea pero llega”

 

El diputado Sergio Muñoz aseveró que estos escándalos afectan a la región, pero como se dice popularmente la justicia cojea pero llega. En este sentido se espera que las investigaciones de las autoridades lleguen a feliz término y se de claridad sobre este tema que causa mucho daño a la región y se sienten unos precedentes para que aquellos que piensan que la parte administrativa es para enriquecerse tengan en cuenta que esa no es la manera, añadió.

“Hoy tenemos un departamento que ha pagado las consecuencias de unas malas administraciones, en donde se han tomado malas decisiones, por lo cual se hace un llamado para que toda la comunidad tome en cuenta la aplicación de la norma para poder llevar un país honesto y transparente”, dijo.

Expuso que desde la Asamblea desde el inicio de este proceso fue cuestionado y se denunció esta clase de anomalías que no fueron escuchados por la Administración seccional.

“De igual forma se ha venido ejerciendo un control a otros proyectos como la conectividad, el PAE, entre otros. Creo que se ha cumplido con el papel de llevar a cabo el seguimiento político a la Administración seccional con honestidad y transparencia con el objetivo de que las cosas se hagan bien”, puntualizó.

Para Muñoz se tiene que ser radical y quien infringe la Ley tiene que ser castigado conforme a la misma para que tener un precedente ante posibles hechos que se vuelvan a presentar y afecten el erario público.

“La corrupción es un tema de actualidad y la comunidad ya no quiere que se incremente este flagelo que está afectando a todo el país. La mejor manera para combatirlo es aplicar la Ley de forma contundente y eficaz”, añadió.

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