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Miércoles, Septiembre 25, 2019 - 17:23

Andrés Felipe Arango Romero, primo del Gobernador de Nariño, Camilo Romero, será el testigo estrella en su contra en el juicio que le seguirá la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades en la comercialización de 80 mil cajas de Aguardiente Galeras, proceso que tuvo un costo de 18 mil millones de pesos.

Además de Arango Romero, otros testigos en contra del mandatario, en su comparencia ante la Corte Suprema de Justicia,  serán el exsecretario de Hacienda, Mario Benavides,  la exsubsecretaria de Rentas, Adriana Milena Amaya Buitrago y el comerciante, Richard Portilla.

A esta noticia se unió en las últimas horas otro episodio en detrimento del mandatario departamental, puesto que Romero no pudo viajar a Estados Unidos, donde iba a participar en la Cumbre contra el Cambio Climático que comenzó en Nueva York.

En efecto, cuando se disponía a abordar el vuelo a territorio norteamericano, se le anunció al Gobernador de Nariño que su visa había sido suspendida, medida para la cual no hubo ninguna explicación.

Al respecto, en declaraciones  a los medios de comunicación, Romero señaló que seguramente la revocatoria de su visa, tuvo como causa su rechazo  al uso del glifosato para fumigar los cultivos ilícitos.

Sin embargo, no se descarta la posibilidad que el Gobierno de Estados Unidos, haya tomado esa determinación ante los delicados problemas que el Gobernador afronta en estos momentos ante la justicia,  por el caso de la comercialización del licor.

Lo cierto es que hasta ahora, el Gobierno de los  Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento oficial, en torno a los motivos que se tuvieron  para  dejar sin validez la visa del Gobernador de Nariño,  Camilo Romero.

Pero, como si esto no fuera poco, ayer transcendió que la Fiscalía General de la Nación, le puso la lupa al manejo que el Gobernador le ha dado al tema de las obras del Estadio Libertad y al Plan de Alimentación Escolar PAE, dos puntos en los que al parecer también se estarían presentando  delicadas irregularidades que son materia de investigación.

 

Se agrava situación

En torno a este tema de los licores, el panorama para Camilo Romero se ha oscurecido bastante, luego de conocerse que su primo, Andrés Felipe Arango, accedió a colaborar con la justicia en el juicio que se le seguirá al mandatario seccional, por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso de venta de 18 mil cajas de Aguardiente Nariño el cual tuvo un costo de 18 mil millones de pesos. En desarrollo de esta investigación también fue llamado a juicio el Gobernador encargado para la época de los hechos, Mario Benavides, por lo que los dos  tendrán que responder por los posibles delitos de realizar contrato sin cumplir con los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para perpetrar delito contra la administración pública.

 

Otra testigo clave

De esta manera, Andrés Felipe Arango, se une a la exsubsecretaria de Rentas de la Gobernación, Adriana Milena Amaya Buitrago, quien con anterioridad accedió a colaborar con la justica en torno a este delicado caso. Para ello, la exfuncionaria llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en el que se comprometió al igual como lo acaba de hacer el primo del Gobernador Camilo Romero, de declarar ante la Justicia, todo lo que saben respecto a la manera como se realizó la comercialización del aguardiente.

Lo que se ha podido establecer hasta el momento  de acuerdo con las pesquisas que se vienen realizando en torno a este caso, es que Adriana Milena Amaya Buitrago, fue la autora del Decreto que facilitó la compra del licor por parte de los interesados. Sobre el particular se afirma que el contenido del mencionado Decreto fue revelado con anterioridad a su difusión pública a la empresa Organización de Licores de Nariño S.A.S, lo que le permitió hacer la respectiva consignación antes que sus competidores.  En ese sentido, lo que dicen los investigadores, es que la exfuncionaria le hizo el Decreto, a favor de  esta empresa, para que pudiera realizar la gigantesca compra sin ninguna clase de problemas.

Sin embargo, estas situaciones no pasaron desapercibidas, puesto que los comerciantes afectados por este “favoritismo”, procedieron  a poner el grito en el cielo, lo que dio lugar al escándalo que hoy sacude hasta los cimientos  a la Gobernación de Nariño. 

 

Un lío de dos años

El problema jurídico  que hoy tiene en grandes líos al Gobernador de Nariño, Camilo Romero, al exgobernador encargado, Mario Benavides, a la subsecretaria de  Rentas del departamento, Adriana Milena Amaya Buitrago, y al primo del mandatario departamental, Andrés Felipe Arango Romero, va a cumplir dos años, puesto que se inició entre octubre y noviembre de 2017.

En esa fecha se expidió el decreto y se realizó la venta del licor, proceso que originó una serie de protestas y demandas, por parte de los comerciantes de licor de Pasto y del departamento de Nariño, quienes desde un principio señalaron  que hubo injusticia e irregularidades en esa venta. Por este motivo se presentaron las demandas las que permitieron abrir las primeras investigaciones.

Fue así como en mayo de 2018, la Procuraduría General de la Nación, le abrió investigación a Camilo Romero, al encontrarse inconsistencias  en la aprobación del convenio para la venta y distribución de Aguardiente Nariño, en el departamento, el cual favoreció a la Organización de Licores de Nariño.

En torno a este proceso, la Fiscalía General de la Nación, señaló que el contrato fue aprobado por el Comité de Crédito de la Gobernación de Nariño y todo indica que la Administración Departamental otorgó ese contrato sin recibir otras propuestas, en lo que se constituye en una acción abiertamente irregular, puesto que no se permitió la participación de otros oferentes.

 

Un caso de familia

En junio de este año, aparece en escena, Andrés Felipe Arango  Romero,  a quien la Fiscalía General de la Nación en este caso de la comercialización de los licores  le imputó cargos, por efectuar contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato  y falsedad en documento público.

Este familiar del Gobernador de Nariño, quien al parecer será el  testigo estrella en contra de su primo, Camilo Romero, es un economista de Popayán, quien en los últimos tiempos ha trabajado a su lado, en los movimientos “Tienen Huevo”, el colectivo “Vamos Independiente”, al igual que en la campaña política a la Gobernación de Nariño. Sin embargo, hasta el momento no existe claridad, en torno a cual fue real participación en el controvertido proceso  de  comercialización del  Aguardiente Nariño, lo que seguramente se conocerá cuando rinda indagatoria ante la Justicia.

En relación a este episodio, es de anotar que Arango Romero, no es el único familiar que se ha visto implicado en este sonado escándalo.

También aparecen los hermanos del Gobernador  Pablo  y Natalia Romero, cuyos apartamentos  fueron allanados en el marco de las investigaciones.

En ese sentido, también se produjeron allanamientos en los lugares de residencia de los empresarios, Pedro Miguel Bastidas López  y Richard Giovanny Portilla Díaz y tres comerciantes más.

En esas acciones, los representantes de la justicia se llevaron computadores, memorias USB y documentos escritos, elementos que están ayudando en las investigaciones, que dieron como resultado el llamado a juicio ante la  Corte Suprema de Justicia, al Gobernador de Nariño, Camilo Romero  y al Gobernador encargado, Mario Benavides.

 

Otra testigo clave

La exsubsecretaria de Rentas del departamento de Nariño, Adriana Milena Amaya Buitrago, es de acuerdo con las investigaciones, una de las coautoras de las irregularidades que se habrían presentado en desarrollo de la comercialización del Aguardiente Nariño.

Es así como las pesquisas en su contra indican que el 25 de agosto, cuando ya se le había entregado la compra de las 80 mil cajas a la Organización de Licores de Nariño OLN, el consorcio de licoristas Licosur recibió el oficio  suscrito por la exfuncionaria, en donde se informaba sobre la publicación del  Decreto 364. Fue así como Licosur, que con anterioridad estaba realizando diligencias y trámites, procedió de inmediato a consignar en efectivo, 18 mil 901 millones de pesos, costo de las 80 mil cajas ofertadas. Pero, la señora Amaya Buitrago, le envió a Licosur un oficio, en el que señaló que no era posible venderles, puesto que ya todo el licor había sido vendido.

 

El estadio y el PAE en la mira

Pero no solamente el escandaloso caso de la comercialización de licores y el retiro de su visa a Estados Unidos, le amargan la vida en estos momentos, al Gobernador de Nariño, Camilo Romero.

Ahora, de acuerdo con los resultados de las últimas investigaciones,  todo apunta a que las autoridades le han puesto la lupa a las actuaciones que ha tenido el mandatario departamental en el tema de los trabajos de remodelación del Estadio Libertad, cuyos costos iniciales se han elevado de manera considerable, así como al manejo que se le ha dado en el departamento de Nariño, al Plan de  Alimentación Escolar, PAE.

Estos serían dos episodios más que se le unirían a las pesquisas que las autoridades realizan en estos instantes en contra del mandatario seccional, Camilo Romero.

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