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Domingo, Mayo 26, 2019 - 15:34

La Procuraduría General de la Nación confirmó la medida cautelar de suspensión provisional impuesta al representante a la Cámara por el departamento de Nariño, Gustavo Estupiñán.

La entidad de control señala que los empleados de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, deben laborar en el lugar en donde tomaron posesión de su cargo y no ser ubicados en otros lugares, como en su momento ocurrió con el congresista nariñense.

En la parte resolutiva del documento ordena que en decisión separada se emita pronunciamiento sobre la nulidad planteada por la defensa del investigado y diferir para el momento procesal que corresponda la decisión sobre la solicitud de terminación del proceso.

Entre los argumentos de la Procuraduría están en que la conducta atribuida a Estupiñán por Jhair Mena Quiñones no se encuentra demostrada y no obran otros elementos de demostración que confieran su credibilidad.

Afirma igualmente que el reglamento del Congreso dispone que cada representantes a la Cámara pueda tener una Unidad de Trabajo Legislativo integrada por máximo 10 empleados, pero la Procuraduría sostiene que los trabajadores deben laborar en el lugar en donde laboran y que la norma no faculta a cada congresista a ubicar a sus integrantes en la región a la que pertenece el legislador,  ya que según el artículo 385 de la Ley quinta dispone que “los empleados de la planta de personal prestarán sus servicios en las dependencias  donde fueron nombrados o donde las necesidades del servicio así lo exijan, pero no podrán hacerlo en las oficinas de los congresistas. Las violaciones de lo aquí preceptuado será causal de mala conducta tanto del empleado, como del director administrativo de la correspondiente Cámara.

Entre las consideraciones frente al argumento del congresista ya que no resulta claro si lo emite la Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado o la propia Corporación, lo cierto es que el legislador quien ha definido que “los empleados de la planta de personal  señalados  en el artículo de esta ley prestaran sus servicios en las dependencias donde fueron nombrados, o donde las necesidades del servicio así lo exijan”.

Esta disposición legal debe armonizarse no solo con la norma de creación de la UTL, sino con el artículo 9, que dispone que la sede del Congreso de la República es la ciudad de Bogotá, lo que reafirma que la posibilidad de prestación de servicios en otro lugar es excepcional y sometida a las necesidades del servicio legislativo así lo determinen no la voluntad discrecional del congresista.

En otro aparte señala que el hecho de que una misma conducta irregular sea cometida en forma generalizada por varias personas, no la legitima ni menos aún la justifica.

 “A este ente de control le incumbe velar por la moralidad en  el ejercicio de la función administrativa  y por la vigencia del ordenamiento jurídico, en consecuencia este despacho no puede ignorar los comportamientos merecedores de ser disciplinados”.

 

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