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Miércoles, Noviembre 16, 2016 - 15:40

La congresista de la Alianza Verde, Ángela María Robledo, denunció impunidad total en delitos de violencia sexual tras dos años de haberse aprobado la ley de violencia sexual (Ley 1719 de 2014) que exige medidas para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia social.

La parlamentaria argumentó que estos casos se evidencian en particular en el marco del conflicto, en donde no se destacan avances significativos en ninguno de los compromisos que por ley tienen las distintas instituciones estatales.

“A pesar de las múltiples leyes y decretos el país no avanza frente a las distintas violencias contra las mujeres. La ley se quedó en los escritorios de los funcionarios, frente a una violencia que la guerra agudiza”, dijo Ángela María Robledo hoy en debate de control político realizado en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, con el objetivo de evaluar la implementación de dicha ley”, explicó la congresista.

Las cifras sobre violencia sexual que reportan las entidades estatales dan cuentan de un enorme subregistro: mientras el Registro Único de Víctimas (Unidad de Víctimas) indica que entre enero de 1985 y octubre de 2016, 15.087 mujeres sufrieron violencia sexual; el Instituto de Medicina Legal señala que 140.165 lo fueron en un periodo entre enero de 2009 y septiembre de 2016; en tanto el Ministerio de Salud informa que 47.537 mujeres fueron víctimas entre 2012 y 2015.

Según Medicina Legal, entre 2006 y 2015 el sistema médico legal colombiano, realizó 210.933 exámenes médico legales por presunto delito sexual tanto en hombres como mujeres, niñas y niños. Es promedio esto equivale a 21.093 valoraciones por año. La tasa más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en el año 2011 (49,08), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2.013 (44,01). Para el año 2015 la tasa fue de (46) casos por cada cien mil habitantes, con un incremento de 1,6 puntos representados en 1.040 casos por encima de los registrados en el año 2014. De acuerdo con estos análisis la violencia sexual viene en aumento desde el 2013, pero no es claro si este incremento en el número de casos obedece a un incremento de las denuncias o de la ocurrencia de casos. Las mujeres son las más afectadas con un 85,2%.

De acuerdo con organizaciones que trabajan con mujeres víctimas “(…) Entre 2012 y 2014 más de 48 mil mujeres y niñas llegaron a Medicina Legal como posibles víctimas de la violencia sexual pero cerca del 40% de ellas no fueron atendidas por el sistema de salud y las que sí lo fueron recibieron una atención inadecuada».

Pero si en la casa las cosas van de mal en peor, el conflicto pasa una larga cuenta de cobro a las mujeres. Según la Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en Conflicto realizada por la Casa de la Mujer y Oxfam entre 2000 y 2009 aproximadamente 489.687 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el marco de la guerra, en 407 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitares u otros actores armados.

Datos de la Campaña ‘Violaciones y otras violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra’ en un periodo de nueve años (2001-2009) en promedio, 54.410 mujeres por año, 149 por día, o 6 mujeres por cada hora, sufrieron violencia sexual en Colombia. Estas cifras apoyan las conclusiones de la Corte Constitucional que establecen que la violencia sexual constituye una ‘práctica sistemática, habitual y generalizada’ en el conflicto colombiano.

Ángela María Robledo aseguró que, de acuerdo al informe presentado por el Comité de Seguimiento de las leyes 1257 por una vida libre de violencias y la 1719 de violencia sexual coordinado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, las mayores debilidades institucionales están concentradas así.

 Fiscalía: Débil sistema de información que no da cuenta de los casos investigados. No se conoce dato preciso del número de víctimas atendidas en el marco de la Ley 1719 de 2014.

Medicina Legal: Reporta deficiente infraestructura para atención de víctimas. En todo el país sólo hay dos consultorios modelo: Buenaventura y Barranquilla.

ICBF: No ha presentado informes sobre los avances en el diseño de una ruta de atención médica a las víctimas menores de edad ni colaboración para la unificación del Registro de Violencias.

Procuraduría: Debilidades en sanción efectiva a miembros de Fuerza Pública involucrados en violencia sexual.

Ministerio de Defensa: No se evidencia un verdadero fortalecimiento en la política de violencia sexual. No hay avances en la unificación de su registro en el Sistema de Registro de Información Unificado.

Ministerio de Salud: Las mujeres víctimas reportan deficiencias en la atención en salud. Muchos tratamientos son negados por estar no incluidos en el POS y por considerar que son tratamientos estéticos, como es el caso de los desgarros anales y las cicatrices en el rostro.

Ministerio de Educación: No presenta ningún avance en el desarrollo de políticas de atención, prevención y sensibilización de la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.

De acuerdo con Ángela María Robledo en el informe de seguimiento a los autos 092 y 009 de la Corte Constitucional de este año 2016: “De los 634 eventos de violencia sexual incluidos en los Anexos Reservados, únicamente se han resuelto con sentencia condenatoria por crímenes sexuales 14 casos (6 contra civiles y 8 contra actores armados). En 285 casos no es posible identificar el autor, 170 fueron cometidos por paramilitares y Bacrim, 57 por grupos guerrilleros, 44 por fuerza pública, 35 por grupo armado sin identificar y 11 en acciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública (…) El nivel de impunidad supera el 92% de los casos del Auto 092 y el 97% de todos los casos reportados por la Corte en los dos Autos (…)”

Al debate que se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres, citado por los congresistas Ángela María Robledo e Iván Cepeda, se presentaron el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria; el Viceministro de Defensa para las políticas y asuntos internacionales, Anibal Fernández de Soto; el Subdirector de la Unidad Nacional de Protección, Coronel Álvaro López; Luz Mila Cardona de la Defensoría del Pueblo y Mario Gómez de la Fiscalía General de la Nación, así como distintas organizaciones de mujeres y de víctimas.

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