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Viernes, Diciembre 23, 2016 - 16:22

 

El presidente del Partido Alianza Verde y Concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, expresó su descontento ante la expedición de la resolución 2001 de 2016 del Ministerio de Ambiente, en la que se definieron 21 zonas compatibles con la minería en toda la Sabana de Bogotá, aumentando las áreas dedicadas a esta actividad pasando de 11.000 a 18.000 hectáreas.

Antonio Sanguino manifestó que “el Ministerio de Ambiente no pude ir en contravía de los pronunciamientos de las Altas Cortes de nuestro país, las cuales entre 2010 y 2016 han proferido 25 fallos relacionados con el tema y donde se priorizan la protección de las áreas protegidas por encima de la locomotora minero-energética, haciendo prevalecer el derecho fundamental a un ambiente sano sobre los procesos económicos”.

El Concejal de Bogotá recordó que ha venido solicitando durante los últimos 8 años que se excluya, por lo menos, del perímetro urbano de Bogotá las actividades extractivas que han generado impactos negativos a sus ecosistemas estratégicos, a la ciudadanía e incluso a las finanzas distritales que deben sufragar pasivos ambientales por un valor superior a los 37 mil millones de pesos. además Sanguino exaltó que los terrenos del Distrito Capital no son compatibles con la minería, debido al interés ecológico nacional que representa la Sabana de Bogotá conforme lo establecido con el artículo 61 de la ley 99 de 1993.

Señaló también que no se puede omitir lo señalado en la Sentencia T-455 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, en la cual se precisó que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prorrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. 

Al respecto, Sanguino advirtió que “el Ministerio estaría violando lo expuesto en dicha sentencia al ampliar las zonas compatibles con la minería pasando por encima de las Entidades Territoriales presente en la Sabana de Bogotá”, por lo que exhortó a las autoridades respectivas evaluar si la resolución en cuestión contraviene lo solicitado por las Altas Cortes. 

 

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