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Jueves, Septiembre 8, 2016 - 10:57

Un grupo de congresistas del Polo Democrático y la Alianza Verde, además del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Euroa-Estados Unidos y la Comisión Colombiana de Juristas, demandó por  inconstitucionalidad dos artículos del Código de Policia.

Los legisladores Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda, Alexander López y Víctor Correa, así como por la Representante a la cámara del Partido Verde, Ángela María Robledo llegaron hasta la Corte Constitucional para formular cargos por vicios de fondo contra varias disposiciones de la Ley 1801 de 2016 y se divide en dos partes.

En la primera se demandan algunas disposiciones referidas a la protesta social, ya que violan de forma directa los artículos 29 (principio de legalidad) y 37 (derecho a la manifestación pública y pacífica) de la Constitución, así como el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

En la segunda parte se demandan varias normas que otorgan facultades a la Policía para trasladar o conducir a los ciudadanos afectando la libertad personal reconocida por la Constitución de 1991.

Los demandantes esperan que sean acogidas sus pretensiones en virtud de los tiempos que paz que se acercan.

 

Las facultades son legales: Varón Cotrino

Por su parte, el congresista Germán Varón Cotrino, ponente del proyecto de ley en el Senado de la República, le aseguró a HSBNOTICIAS.COM que el tema de las protestas sociales fue ampliamente discutido en varias sesiones en el Capitolio, en donde se dejó en claro que las protestas se pueden hacer siempre y cuando se comunique sobre la movilización a las autoridades con el fin de poder desarrollar planes alternativos de movilidad y así evitar traumatismos en el tránsito.

Varón Cotrino  destacó que en el proyecto fueron claros en que para hacer protestas no se necesitan permisos, hecho que sí sería inconstitucional.

Sobre el otro punto, el congresista recalcó que todas las Policías del mundo pueden conducir ciudadanos a centros temporales de retención, que en el caso de Colombia fue revisado por la Corte Constitucional fue revisado en el 2007.

Dicha posibilidad se estableció para permitir que los uniformados puedan intervenir en caso como el de las riñas, con el fin de evitar problemas mayores.

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