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Jueves, Noviembre 17, 2016 - 10:40

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos a la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, por irregularidades en la celebración de un contrato durante su presidencia en la Asamblea de ese departamento. Para el Ministerio Público hubo vicios en la actuación de la funcionaria pues, en 2014, cuando Aroca estuvo al frente de la Duma, se adquirió una póliza de 25 millones de pesos como seguro de vida para los diputados por espacio de un año y 6 meses más tarde se compró otra por más de 20 millones de pesos sin esperar a que la anterior se venciera.

El proceso contra la mandataria, que en primicia dio a conocer DIARIO DEL SUR, inició en firme luego de que el exdiputado Fabián Gómez denunciara anomalías en la contratación de un seguro de vida para los integrantes de la Corporación. Tras radicarse el proceso la Procuraduría ha emitido diversas inquietudes sobre la actuación de la mandataria seccional.

 "La gobernadora pudo haber incurrido en conducta irregular por una presunta participación en la etapa precontractual y contractual, en detrimento del patrimonio público y con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la Ley, en atención al tenor del artículo 23 de la Ley 734 de 2002, en la modalidad de comisión por acción, falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único", expresa uno de los expedientes del Ministerio Público y que, en efecto, fue ratificado en las últimas horas.

En el juicio disciplinario se llegó a la conclusión que la gobernadora no pudo justificar la necesidad de adquirir esta póliza puesto que los 11 diputados ya estaban cobijadas por un seguro similar. Por cuenta de ello el organismo consideró que se presentó un desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y economía que le exigía su cargo a la hora de firmar estos convenios de esa naturaleza.

El órgano de control disciplinario compulsó copias ante la Fiscalía General para que se investigue la presunta presentación de testigos falsos en el juicio. En contra de esta decisión la gobernadora puede presentar un recurso de reposición y apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General que, según fuentes cercanas al proceso, debe hacerse antes de terminar este mes.

Revuelo político

Para el diputado Euler Guerrero la decisión del Ministerio Público en primera instancia se da en derecho, aunque señaló que la defensa de la mandataria había intentado postergar la lectura del fallo al conocer la contundencia de las pruebas. "Faltó más celeridad, aunque finalmente se dio. Lo que Putumayo ha visto es que por cuenta de este caso se afectó el tema de gobernabilidad porque la mandataria en vez de administrar se dedicó a defenderse", apuntó.

Guerrero recalcó que esa desconexión ya la percibió la ciudadanía: "He estado en diferentes municipios hablando con la gente. Si bien algunos manifiestan que hay un interés de los partidos tradicionales por volver al poder, también muchos más recalcan que la gobernadora debe ser coherente con lo que prometió de una renovación. Por eso debió hablarles claro a los putumayenses sobre si había cometido o no inconsistencias. Hoy la justicia demuestra que sí", aseveró.

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