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Miércoles, Abril 14, 2021 - 14:40

Doce serían los municipios afectados por estos operativos, señaló Asompas, que alertó sobre los daños que causaría esa determinación, señalando que antes que llegar a esta situación se debe pensar en la ayuda del Estado.

El anuncio hecho en las últimas horas por el Gobierno Nacional en el sentido de retomar las fumigaciones con glifosato para combatir los cultivos ilícitos le empezó a quitar el sueño a los alcaldes de Nariño, en especial a los mandatarios municipales de la costa pacífica.

En ese sentido, el consenso es que luego de las graves afectaciones que afrontan miles de personas a consecuencia de la pandemia de Covid-19 y los estragos del invierno no es el mejor momento para poner en marcha este procedimiento, máxime cuando manifiestan que ha habido incumplimiento por parte del Gobierno central en puntos relacionados con la ayuda que deben recibir los pobladores de los diferentes municipios para la sustitución de los cultivos ilícitos.

Por esa razón los alcaldes consideran que como están las cosas en estos momentos la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato lo que haría sería originar un grave problema social.

Rechazo

Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Pacífico Sur, Asompas, Andrés Montufar, rechazó de manera contundente el anuncio hecho por el Gobierno Nacional en el sentido de reanudar las fumigaciones áreas con glifosato.

 Montufar señaló que esta determinación acabaría con los productos de pancoger, con el medio ambiente y con la salud de los habitantes de las poblaciones.

Además se refirió a la delicada problemática social que conllevarían esas fumigaciones.

“Esto en razón a que el Gobierno ha incumplido los puntos fijados en ese aspecto en el Acuerdo de Paz, puesto que a pesar que se han creado varios fondos para financiar proyectos en la costa, esto no se ha cumplido por lo que la población se encuentra desprotegida, a la espera que se financien proyectos productivos”, expresó el director ejecutivo.

Agregó que en estos momentos se vienen realizando una serie de reuniones con los 12 municipios de la costa, las cuales cuenta con la participación de consejos comunitarios, resguardos indígenas, asociaciones de afrodescendientes, concejales, alcaldes, gremios y comunidad en general.

Tres puntos

“Queremos plantearle al Gobierno Nacional tres puntos específicos; uno de ellos es la recuperación económica que se ha visto afectada por la pandemia, la reducción de los recursos de regalías y transferencias nacionales y el incumplimiento a varios gobiernos planteados desde el Gobierno Central”, expresó el directivo.

Añadió que otro de las peticiones que han formulado es el garantizar el derecho a la vida de los habitantes de la costa pacífica, que se ha visto vulnerado por los grupos armados al margen de la ley y la falta de apoyo del Estado.

Andrés Montufar insistió que el principal que exigen las diversas es la no fumigación aérea hasta tanto el Estado realice el acompañamiento social en temas de productividad agropecuaria, pesquera y se mejoren las condiciones de vida en materia de empleabilidad, educación, salud, agua potable, vivienda, electrificación e inversión social para todos los sectores, especialmente el campesino.

Agregó que hoy ante la situación que se presenta y ante el grave impacto que causarían las fumigaciones aéreas con glifosato, desde Asompas se están articulando esfuerzos y proyectos con el consenso total de las poblaciones, para evitar un problema social de grandes proporciones.

El alcalde del municipio de El Charco, Víctor Candelo, dio a conocer que su municipio actualmente presenta problemas de orden público y desplazamientos de más de 4 mil personas de los sectoresrurales, como consecuencia de enfrentamientos de grupos al margen de la ley y sí llegase a presentarse las fumigaciones, los problemas de orden público y de desplazamiento aumentarían.

“Ante esta situación invitamos al Gobierno Nacional a realizar inversiones en este territorio para que se cuente con la financiación de proyectos agropecuarios, obras de infraestructura y sobre todo poder mejorar las condiciones educativas, no solo en primaria y secundaria, sino también en lo que tiene que ver con la educación superior. Que pueda llegar de forma presencial la Universidad Nacional del Pacífico y otras universidades, así como el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, pues solo con el mejoramiento de las condiciones de vida, de las comunidades e ingresos económicos adecuados, se podrá dar una paz verdadera sin necesidad de llegar a las fumigaciones.

De acuerdo con la información suministrada por el presidente de la Asociación de Municipios del Pacífico Sur, Asompas, Andrés Montufar, los municipios que se verían afectados por las fumigacionesaéreas serían Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Tumaco, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, El Charco, Santa Bárbara Iscuandé, Ricaurte y Mallama.

Explicaciones

El Gobierno Nacional indicó que el decreto para reanudar las fumigaciones con glifosato, no reactiva de manera automática la aspersión aérea.

Así lo explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien señaló que por eso es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.

Cuando la ejecución del programa de erradicación de cultivos sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas, se deberá adelantar una consulta previa. Además, el gobierno podrá celebrar contratos o convenios para el control independiente respecto de los parámetros operacionales y control de los riesgos.

“Consagra que la Agencia Nacional de Licencia Ambiental y el Instituto Nacional Salud, realizarán seguimiento continuo sobre los efectos de los programas de aspersión en el ambiente y en la salud, y deberán entregar informes de evaluación al CNE para que este adopte las decisiones pertinentes”, dijo Ruiz.

Pronunciamientos

Si se evidencian nuevos impactos o riesgos en la aspersión aérea, el CNE debe pronunciarse si mantiene, modifica o suspende el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante ese método.

Ahora, si hay afectaciones en la salud y quejas que se deriven de los efectos del programa de aspersión, “deberán atenderse de forma imparcial, independiente y comprehensiva, por una entidad distinta al ejecutor del programa”, dijo el ministro de Justicia.

Estas serán atendidas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que la Policía Nacional será la institución encargada de operar el programa. “Será automatizado y aplicado en zonas donde hay cultivos extensivos, industriales y con presencia de grupos armados ilegales”, indicó.

El jefe de esa cartera aseguró que habrá permanente seguimiento, evaluación y reporte a las entidades de salud, ambientales y al CNE. “Vamos a desarrollar una aspersión con precisión que garantice la licencia ambiental, que proteja la salud, el medioambiente y a nuestros campesinos”, señaló.

Dijo que el Gobierno Nacional mantendrá la meta este 2021 de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

2020 - HSB Noticias