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Miércoles, Diciembre 14, 2016 - 15:57

El Congreso aprobó hoy en último debate el Proyecto de Ley No. 277 de 2016 Cámara-127 de 2015 Senado, “Por medio del cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos  laborales, se establecen garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones (…)”

“Este proyecto es un homenaje a las mujeres, a su dignidad y trabajo; es reconocer una tarea que Colombia estaba en deuda de hacerlo. Vamos a hacer realidad este reconocimiento de cuidado a los  niños y niñas por parte de estas mujeres que muchas de ellas han entregado su vida por ellos”, aseguró la congresista Ángela María Robledo, coordinadora ponente del Proyecto, aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes.

Unas 134 mil mujeres que realizan el trabajo de cuidadoras y que se reconocen como “madres comunitarias”, que atienden a más de 800 mil menores de edad en todo el país por delegación del ICBF, se beneficiarán de esta ley que les reconoce a estas mujeres su condición de trabajadoras con todas las garantías en condiciones de igualdad y equidad.

El proyecto se fundamenta en el Código Sustantivo del Trabajo artículos 10, 13, 14 y 143 que reconocen, entre otras que a iguales obligaciones, iguales derechos, así como en las leyes 1023 de 2006, 1187 de 2008, 1607 de 2012, que han incluido de manera progresiva el reconocimiento del salario mínimo legal mensual a las madres comunitarias, sustitutas y tutoras, y su formalización laboral.

De igual manera, este Proyecto recoge los lineamientos de la Sentencia T-480 de 2016 que reconoció a 106 mujeres su derecho a la igualdad, la seguridad social, la dignidad y el mínimo vital como trabajadoras.

Es de resaltar que adicionalmente el Proyecto incrementa el subsidio para la vejez de las madres comunitarias que han laborado por más de 20 años en el ICBF, fijado en un 95% del salario mínimo legal mensual vigente. Asimismo, establece que las madres comunitarias podrán acceder a procesos de formación educativa universitaria gestionada por el Ministerio de Educación y el Sena.

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