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Jueves, Mayo 4, 2017 - 16:02

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en audiencia pública con ciudadanos de Montería aseguró que “hay que acabar la detención domiciliaria para los corruptos”, al rechazar la decisión de un juez que concedió este beneficio a uno de los implicados en el cartel de la hemofilia en Córdoba. 

“Es inaceptable que ese señor (Guillermo Pérez Ardila) que está siendo señalado como jefe del cartel de la hemofilia esté disfrutando de detención domiciliaria”, insistió. 

Al escuchar las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en contratos de salud, educación, alimentación escolar, inversión, entre otros, que vincularían a funcionarios de la alcaldía y la gobernación, el jefe del Ministerio Público, anunció un seguimiento especial a los procesos ante la gravedad de las afirmaciones de los veedores. 

Para hacerle desarrollo a estos expedientes se trabajará de manera conjunta con la Contraloría General de la República a través de la Departamental.

Carrillo Flórez sostuvo que junto con la Fiscalía trabajarán en el esclarecimiento de los homicidios denunciados en la audiencia y afirmó que dispondrá de “procuradores judiciales que nos permitirán intervenir en la jurisdicción penal. Tengan la certeza de que vamos a actuar”. 

Anunció que en las últimas horas la Procuraduría presentó en la Presidencia una Directiva que contempla un conjunto de procesos para la protección de líderes sociales y de derechos humanos y pidió que esta estrategia también haga parte de las políticas de carácter departamental. 

Sobre la participación de los veedores ciudadanos en las Comisiones de Moralización departamental y municipal, el Procurador General anunció que pedirá al alcalde y al gobernador abrir las puertas porque “no pueden ser comisiones a puerta cerrada”. 

Adicionalmente, planteó a los ciudadanos la posibilidad de trabajar en una estrategia de control a nivel regional y citó el caso de Electricaribe que por los problemas que presenta no puede ser contemplado como un tema local. 

“Hemos oficiado a la Superintendencia de Servicios Públicos porque el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Creemos que lo que falta es ciudadanía, veeduría, denuncia, vigilancia en el caso de lo que va a pasar en la prestación del servicio de energía”. 

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