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Martes, Abril 18, 2017 - 07:07

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional determinó que las prostitutas venezolanas que sean sorprendidas trabajando de manera irregular en Colombia no serán deportadas sino regularizadas y velar por conseguirles alternativas de trabajo o, en su defecto, seguridad social y condiciones dignas de trabajo.

La Corte hizo jurisprudencia mediante un fallo por una tutela que interpuso Nelcy Esperanza Delgado Ramírez, dueña de un lugar de lenocinio conocido como Taberna Barlovento, ubicado en Chinácota, Norte de Santander, el cual fue cerrado por parte de la Alcaldía por incumplir con las normas de uso del suelo.

La propietaria del establecimiento alegó vulneración de su derecho derechos al trabajo, debido proceso e igualdad.

“Solicitar a la Defensoría del Pueblo y a Migración Colombia que en el término de tres (3) meses hagan una visita al Municipio de Chinácota y a los sitios de trabajo sexual que funcionan en este último. En dicha visita deberán: i) verificar que no hayan personas extranjeras prestando servicios sexuales de manera forzada; ii) en caso de encontrar extranjeros realizando estos trabajos, sin la debida documentación, deberán iniciar y acompañar los trámites para expedir los respectivos permisos que les permitan continuar laborando dignamente, siempre y cuando estén de acuerdo y consientan en continuar realizando esta actividad, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia; iii) capacitar en sus derechos a todas las personas que estén realizando trabajo sexual, nacionales o extranjeros; iv) analizar el caso en concreto de cada una de las personas extranjeras que encuentren realizando actividades de prostitución. No es permisible, ni aceptable, bajo los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se hagan deportaciones masivas, sin analizar la situación particular de cada persona. Los migrantes que sean encontrados, deben ser protegidos de forma plena, garantizándoles el ejercicio de sus derechos, la obtención de la documentación necesaria para permanecer en el territorio colombiano y, de ser el caso, la calificación de refugiados”, dice el fallo de tutela amparado en la sentencia Sentencia T-073/17.

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