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Martes, Octubre 10, 2017 - 10:45

Este año se cumplen 40 años de la histórica declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte.

En la Declaración, hecha en 1977, se pidió a todos los gobiernos que abolieran totalmente esta pena: 

“Cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable. El Estado no puede dar la vida y no debe atreverse a quitarla”, dice.

En el momento de la Declaración, sólo 16 países —8 de América y 8 de Europa— habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. 

Ese número se eleva ahora a 105. Otros 36 países la han abolido para los delitos comunes, como el asesinato, o han dejado de utilizarla en la práctica, aunque continúe en su legislación.

En 2016, sólo 23 países llevaron a cabo ejecuciones, siendo los responsables de la gran mayoría de ellas un pequeño grupo de Estados: China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.
Amnistía Internacional pide en esta jornada a todos los países que mantienen aún la pena de muerte que procedan a abolirla y, hasta que lo hagan totalmente, establezcan de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones.

"Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial", en palabras de Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones internacionales que más pelea por su erradicación.

Un reciente análisis hecho por Amnistía Internacional mostró una gran preocupación por lo que sucede en China y según el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas.

En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales.

 

A estas personas se les niega a menudo unos servicios de interpretación adecuados.  No se informa sin demora de su detención –ni de su ejecución, incluso– a sus embajadas y consulados. En algunos casos no se avisa previamente a sus familias de la ejecución ni se las devuelve el cadáver para que lo entierren.

 

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