Cinco años de la firma del Acuerdo de Paz

Anibal Arévalo

En el marco del conflicto en Colombia, después de más de 50 años de confrontación armada, al fin se llega a la firma de un acuerdo que se realizó con una de las guerrillas más grandes de Latinoamérica y el mundo, como lo fueron las Farc. El acuerdo nos ha traído muchas ventajas, entre ellas la creación de una justicia transicional que con lleva a que se conozca la verdad, reparación y la no repetición de los crímenes de guerra por parte de todos los actores armados (no es solo para excombatientes de la guerrilla).

Desde que se creó la Justicia Especial para la Paz -JEP- en el 2018, ha dictado más de 50 mil providencias. Esto es un gran indicador, puesto que los victimarios llegan a pedir perdón por sus culpas, se reencuentran con sus víctimas, como un hecho humano que debe conducir a la reconciliación de la sociedad entera para que avancemos y no continuemos en una espiral infinita de venganzas. Y las víctimas, a pesar de la pérdida irreparable de sus seres queridos, perdonan para que no tengan mayores sufrimientos ante la incertidumbre de la desaparición de sus seres queridos.

En este caso, podríamos recordar el célebre caso del Juicio de Núremberg, en que se juzgó a los criminales de más de seis millones de judíos en manos de los nazis, misión impartida desde el Tercer Reich, con la voz de mando de Adolf Hitler; un personaje político que logró, mediante su elocuente oratoria, convencer a los alemanes de la existencia de una raza superior. Bajo ese argumento se persiguió a los homosexuales, comunistas, testigos de Jehová y judíos. Finalmente, se conoce que los crímenes se ejecutaron por mandato de un superior y se eximen de culpa, conduciendo a conocerse la verdad.

En el caso de la JEP, los militares, exguerrilleros, ex paramilitares, policías y, hasta autoridades civiles, se han acogido a la justicia transicional para, en algunos casos, colaborar con la justicia, y, en otros, para confesar su responsabilidad en los crímenes o coautoría. En la justicia especial se han establecido unas salas y unos jueces especializados que permiten darle celeridad a los procesos y establecer unas condenas, que serán menores a las de la justicia ordinaria por la confesión de sus delitos y servir de testigos de otros, permitiendo la rebaja de penas.

 La JEP cuenta con la veeduría internacional de las Naciones Unidas. A pesar de las críticas equivocadas de algún sector, ha sido efectiva, cumple su misión de manera imparcial, autónoma y con plena capacidad y voluntad, como lo pudo constatar el fiscal de la Corte Penal Internacional. El pueblo colombiano debería sentirse orgulloso de que goza de una jurisdicción que legítimamente le aporta a la paz, la misma que trae progreso y prosperidad económica para los sectores más deprimidos.

Nada de dejarse confundir por sectores retardatarios que dicen que la JEP es impunidad, ellos viven de la mentira, el engaño, pero, sobre todo, de la guerra, el narcotráfico y las mafias. El pueblo colombiano debe defender el acuerdo firmado en La Habana y luego ratificado en el Teatro Colón de Bogotá. La paz es un derecho de los ciudadanos, como así lo contempla nuestra Constitución.

Con el Acuerdo de Paz se abre la compuerta para que los ciudadanos accedamos a nuestros derechos por la vía legal; se descarta la posibilidad de acceder al poder por la vía armada, sino por la vía democrática. Se busca que el ciudadano recobre su dignidad y que el Estado no mancille sus derechos. Hemos visto, como se ha reprimido la protesta social de manera violenta con el argumento de la infiltración de actores armados, por lo tanto, lo que se busca es dejar sin elementos de juicio a los que quieren continuar con la violencia. El país gana con el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la historia de los últimos tiempos.

La JEP es una justicia restaurativa, que no es un espada de venganza sino camino de reconciliación que posibilita el reencuentro de nuestras familias. El Acuerdo de Paz se funde en un solo cuerpo con la Constitución; cumplirlo es hacer realidad el Estado Social de Derecho con las personas más vulnerables de la sociedad colombiana.

Colombia necesita un Estado moderno que respete los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solo así podemos hacer valer nuestra dignidad y sin el miedo que siembra un estado de zozobra por la confrontación armada.

Por: Aníbal Arévalo Rosero

 

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