Sí bien es cierto que lamentablemente en Colombia estamos acostumbrados a los casos más aberrantes de corrupción, este nuevo escándalo relacionado con el desvío de los recursos Ocad Paz por 500 mil millones de pesos nos duele puesto que afecta a los sectores más pobres y vulnerables de nuestro departamento de Nariño y del país en general.
Aquí lo que tenemos es un vulgar caso de extorsión en desarrollo del cual, de acuerdo con las primeras investigaciones, personas inescrupulosas venían exigiendo dinero para darles la aprobación a los proyectos de diferentes municipios. O sea, que quien no pagaba tenía que despedirse de los proyectos para su región, en una actitud criminal a todas luces, puesto que con acción delincuencial son numerosas las regiones, entre las que figuran las más necesitadas de Nariño y Colombia.
El Ocad Paz es una dependencia del Sistema General de Regalías (SGR), a cuyo cargo está la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión, financiados con recursos de regalías, cuyo objetivo principal es la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.
En este orden de ideas tenemos que, por lo tanto, los recursos para sacar adelante las obras están destinados a las zonas del país más azotadas por el conflicto armado y, por ende, las que presentan mayores niveles de pobreza, las que, en nuestro departamento de Nariño, corresponden a Santa Bárbara, Olaya Herrera, La Tola, Mosquera, Francisco Pizarro, El Charco y Tumaco.
Allí, por lo que se ha podido saber hasta el momento, hay perjuicio en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de obras de dotación de energía, en tanto que también hay perjuicios en la comunidad Awá de Tumaco, víctima de la violencia que generan los grupos armados ilegales.
En este nuevo escándalo de corrupción resulta paradójico saber que la reciente aprobación por parte del Ocad Paz de 355 proyectos, lo cual para los objetivos del programa debía constituir una excelente noticia, lo que hizo fue generar un impresionante movimiento de coimas y pagos a favor de los corruptos, cuyo monto llega al medio billón de pesos.
Duele que de nuevo los colombianos nos tengamos que enfrentar a un escándalo de tal proporción, en el que, según las investigaciones, estarían involucrados funcionarios del Ocad Paz e igualmente congresistas.
«Sí bien es cierto que lamentablemente en Colombia estamos acostumbrados a los casos más aberrantes de corrupción, este nuevo escándalo relacionado con el desvío de los recursos Ocad Paz por 500 mil millones de pesos nos duele puesto que afecta a los sectores más pobres y vulnerables de nuestro departamento de Nariño y del país en general».
Y nos causa profunda tristeza saber que ese bimillonario desvío de recursos va en detrimento de regiones de extrema pobreza, llenas de necesidades como lo son la mayoría de los municipios de nuestra costa pacífica de Nariño, en un hecho repudiable en extremo.
Los indicios iniciales que señalan a funcionarios y congresistas constituyen un agravante a este nuevo episodio de corrupción que sacude a nuestro país.
De allí el llamado que hoy hacemos para que la investigación por este escándalo se haga hasta sus últimas consecuencias y los responsables reciban el castigo que se merecen.
Para que ello sea así se requiere de la colaboración de todos, como lo acaba de hacer el exconsejero presidencial Emilio Archila, quien había alertado sobre posibles anomalías en desarrollo del programa y acaba de rendir una declaración de 5 horas, luego de la cual señaló que espera que la información suministrada sirva para identificar a quienes fraguaron este monstruoso desvío de recursos de la paz.
Así mismo, los alcaldes extorsionados y a quienes se les exigieron coimas para que les aprobaran sus proyectos deben hacer lo mismo, denunciar. Es la única manera para que este vergonzoso hecho no vaya a quedar en la impunidad.