Con la firma del Acuerdo de paz en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc Ep, los colombianos que nos hemos visto afectados de una u otra manera con el flagelo de la violencia interna, creamos un sentimiento de esperanza frente al panorama que se viviría en el país.
Esta situación mejoró mucho el orden social de diversos territorios, pero también trajo grandes problemáticas; una de ellas y que se intensificó desde ese momento y que no ha cesado, las agresiones en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Una de las zonas más afectadas en nuestro departamento por esta problemática es la costa pacífica, en donde por más de 50 años la violencia no ha cesado. Los asesinatos, las intimidaciones, son acciones que se han terminado normalizando por quienes habitan los 11 municipios costeros. Y es que defender el territorio, promover la sustitución de cultivos de uso ilícito, denunciar las vulneraciones de derechos humanos son las acciones con mayor índice de peligrosidad, hacerlas le puede costar a uno la vida.
En los días pasados una delegación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, organización nacional defensora de derechos humanos visitó la zona costera, con el objetivo de hacer veeduría en varios consejos comunitarios y comunidades indígenas, en medio de esa visita socializaron el panorama de violencia que se vivió el año anterior, un panorama que permite concluir que la violencia se ensañó con la costa nariñense.
Según lo reportado durante el 2021, 17 líderes fueron asesinados en esta zona; desde la firma de acuerdo en Nariño van 130 líderes caídos, 70 de ellos pertenecientes a comunidades indígenas y en lo corrido de 2022 van dos en este departamento. De acuerdo con la manifestado por la entidad, la gran mayoría de estas desalentadoras cifras se encuentran en los municipios costeros.
Ya es hora de que el Gobierno Nacional dirija su mirada al suroccidente del país, hacia esos territorios que han sido abandonados por mucho tiempo, en los que la presencia estatal ha estado a medias, en donde la violencia a pesar del acuerdo no ha parado, por ello las comunidades y organizaciones defensoras de los derechos le exigen a la institucionalidad el cumplimiento integral de los puntos del acuerdo. Se exige una presencia completa del Estado, que vaya más allá de la fuerza pública. ¡No más violencia en la costa nariñense!
Por: Christian Benítez Ramírez
