La realidad del consumo de drogas por estudiantes de educación media es una verdad a la vista y, al mismo tiempo, una realidad que no quiere ser observada, que se ha banalizado a tal punto que parece ser un derecho natural propio de la juventud y parte de sus derechos fundamentales, como el llamado libre desarrollo de la personalidad.
Además, es una situación que se ha manejado mañosamente, con criterios de conveniencia política, para algunos, y económica, para quienes ven en esta práctica una muy remunerativa unidad de negocios.
Múltiples y variados son los estudios que se realizan periódicamente, en donde se presentan resultados que indican que los estudiantes perciben presencia de drogas en su medio ambiente y una cierta facilidad para obtenerlas.
De igual manera, los mismos estudios, señalan consistentemente que el consumo de drogas afecta el desarrollo de niños y adolescentes en el ámbito personal, familiar y social, limitando sus trayectorias educativas y las posibilidades de tener una vida más plena.
“Según el segundo Estudio Nacional de Consumo de Sustancias psicoactivas en la población escolar colombiana, realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho antes de empezar la pandemia de la Covid 19, uno de cada cuatro jóvenes entre los 11 y los 18 años dice haber consumido cigarrillos alguna vez en su vida, el 40 por ciento ha bebido alcohol y un 12 por ciento dijo haber probado al menos una sustancia ilícita”.
En ese entendido, de modo preocupante se tiene establecido que uno de los modus operandi más frecuentes por parte de los narcotraficantes, es introducir drogas a las instituciones educativas, usando a los mismos estudiantes.
Y para eso una de las modalidades más perversa que utilizan es la de reclutar a menores a los que los inician en el consumo a veces gratis para luego matricularlos en colegios con la función de vender droga en la institución educativa infiltrada.
Por lo general, “ellos son estudiantes problema, no van a estudiar, solo van a clase para expender la droga. Cuando son descubiertos y expulsados los matriculan en otro colegio”.
Pero lo más triste de todo esto es ver que en muchas escuelas y colegios, sean de carácter público o privado, los directivos y docentes se hacen los desentendidos y pareciera no importarles en lo más mínimo que la Institución se les esté convirtiendo en una especie de “ollas”.
Sí. Unas “ollas educativas”, en las cuales se vende y consume diversas sustancias alucinógenas, y son focos de inseguridad y violencia para toda la comunidad educativa.
Ya es hora que los directivos y docentes dejen de ser cómplices del microtráfico. Que dejen de ser timoratos y denuncien para combatir ese flagelo.
Por ello, es indispensable, que, en las instituciones educativas, aparte de hacer prevención dentro de ellas, se definan estrategias y acciones específicas que corresponden a actividades de inteligencia judicial y el incremento de rondas periódicas de las unidades de Policía al interior y los alrededores de las escuelas y colegios; por cuanto, tal vez así sea posible iniciar el camino de la salvación de los estudiantes frente al peligro al cual están expuestos.
Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
