¿QUIÉN MANDA EN EL PUTUMAYO?

EDITORIAL

Realmente confusa e insólita la situación que en estos momentos se registra en el vecino departamento del Putumayo, con la presencia de dos gobernadores, el electo en los comicios para autoridades regionales que se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019, Buanerges Florencio Rosero Peña, y el encargado por el Ministerio del Interior, a partir del 5 de febrero del presente año, Álvaro Arturo Granja Bucheli.

Se trata de un equívoco episodio que nace luego que la Fiscalía General de la Nación judicializó a Rosero Peña por presuntas irregularidades y sobrecostos, descubiertos en un contrato suscrito el primero de abril de 2020 para la adquisición de 10 ambulancias medicalizadas para atender la pandemia de Covid-19 en el departamento del Putumayo, cuyo costo fue de $3.460.634.610.

De acuerdo con las investigaciones e informaciones suministradas por las autoridades que tienen a su cargo este caso, se pudo demostrar que el decreto de calamidad pública, que serviría como la base y fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación del Putumayo el 13 de marzo del año anterior, se emitió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica en Colombia, la cual el Gobierno Nacional oficializó mediante el Decreto 417 el 17 de marzo de 2020.

Tenemos, entonces, que esta declaratoria prematura de la calamidad pública fue la que puso al gobernador electo del Putumayo Rosero Peña en graves problemas al ser sindicado de los delitos de peculado por apropiación agravado a favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, lo que causó que durante 9 meses tuviera que estar alejado de sus funciones de gobernador, cargo en el que fue reemplazado por Granja Bucheli desde el mes de febrero.

 

"Es urgente que haya una solución en un departamento como el Putumayo, donde los problemas y necesidades son el común denominador. La realidad es que esta dualidad de funciones en la región afecta de manera visible el normal desarrollo de las actividades; ha paralizado muchas obras prioritarias y tiene a la gente en una incertidumbre que ya se ha prolongado demasiado. Así que ya es hora de que se responda al interrogante de quién manda aquí".

 

Ahora, los hechos que han provocado esta dualidad en la Gobernación del Putumayo es la decisión que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tomó el pasado 12 de agosto, en la que se resolvió la libertad del gobernador electo del Putumayo, Buanerges Rosero, por vencimiento de términos, así como la declaración del Ministerio del Interior, en el que confirmó que los decretos mediante los cuales se nombraba a los gobernantes encargados quedaban abolidos.

De esta manera, el gobernador electo retomó su cargo, pero sin que el mandatario encargado se haya desprendido del todo de sus funciones en una situación confusa e imprecisa para los putumayenses, quienes esta es la hora en la que no saben a qué atenerse.

Esperamos, entonces, a que este enredado caso se solucione cuanto antes y se defina de una vez por todas quién manda en el departamento del Putumayo. En ese sentido, nosotros entendemos que el mandatario seccional es el señor Rosero Peña, quien fue elegido de manera democrática en octubre del 2019. Pero, al mismo tiempo, se sabe que él no ha sido desligado de las graves investigaciones que se tienen en su contra, por lo que cualquier cosa podría ocurrir en el transcurso de los próximos días o meses.

Consideramos que es urgente que haya una solución en un departamento como el Putumayo, donde los problemas y necesidades son el común denominador. La realidad es que esta dualidad de funciones en la región afecta de manera visible el normal desarrollo de las actividades; ha paralizado muchas obras prioritarias y principalmente tiene a la gente en una incertidumbre que ya se ha prolongado demasiado. Así que ya es hora de que se responda al interrogante de quién manda aquí.

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