UN ROBO DESCARADO E IMPERDONABLE

EDITORIAL

Robarse los recursos de miles de personas que a finales de marzo de 2017 perdieron sus viviendas a consecuencia de la avalancha que semidestruyó a Mocoa y causó más de 3 mil muertos, es un hecho aberrante e imperdonable.

En realidad todo esta tragedia que sacudió a Mocoa se encuentra envuelta desde el principio en una serie de episodios oscuros y de tremenda irresponsabilidad, que hoy tienen en graves líos jurídicos a personas como la exgobernadora del Putumayo Sorrel Aroca a quien con mucha anterioridad a los trágicos hechos los organismos de prevención le hicieron una alerta en torno a lo que podría suceder en caso de una intensificación del invierno, sin que nadie moviera un dedo para impedir lo que finalmente sucedió.

Hoy por esa terrible omisión la exmandataria departamental afronta graves problemas con la Justicia, pero aparte de ello, ahora se tiene que el proceso para la reconstrucción de Mocoa presenta en estos momentos un pírrico avance del 0.63 por ciento, lo que indica que en estos momentos miles de damnificados más de 4 años después, siguen a la espera de sus viviendas.

Ante esto, uno se pregunta qué se está haciendo con los 53 mil 646 millones de pesos que destino el Gobierno Nacional para la reconstrucción de la capital del Putumayo y para dotar de viviendas a los damnificados que en esa aciaga noche lo perdieron todo ante la avalancha que se precipitó sobre la ciudad.

 

"Es inconcebible que transcurrido tanto tiempo no se vea ni por asomo una obra a favor de los miles de personas que lo perdieron todo en desarrollo de este desastre natural, quienes en medio de toda clase de necesidades siguen a la espera de respuestas".

 

También es lamentable saber que ante los delicados problemas de carácter jurídico que afronta el actual gobernador Buenarges Rosero, este proceso de reconstrucción prácticamente está paralizado, a pesar que el contratista se comprometió a entregar a 31 de diciembre del presente año, cimentaciones y casas terminadas, las que por ahora no se ven por ninguna parte.

Pero, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que está en entredicho?, tanto así que hubo necesidad de recurrir a un gobernador encargado, por lo que por el momento lo que prima es la defensa del mandatario, quien a pesar de que volvió a ocupar su cargo, sigue vinculado a las graves investigaciones que tiene en su contra y, por lo tanto, es de suponer que ni siquiera le ha echado una mirada a una problemática tan transcendental como lo es el proceso de reconstrucción de Mocoa.

Ante un panorama tan oscuro, realmente no sabemos que pensar en torno al futuro de la capital putumayense. Es inconcebible que transcurrido tanto tiempo no se vea ni por asomo una obra a favor de los miles de personas que lo perdieron todo en desarrollo de este desastre natural, quienes en medio de toda clase de necesidades siguen a la espera de respuestas.

Por ello, no tenemos más remedio que decir que es un total acierto que ante tanta desidia e incumplimiento, la Contraloria General de la Nación, en cabeza de Felipe Córdoba, no haya tenido otra alternativa que asumir el control de los recursos que fueron destinados para la reconstrucción de Mocoa.

En ese sentido, la Contraloría no tuvo otro camino que hacerse cargo de este proceso, puesto que en departamento del Putumayo, comenzando con el Gobernador Buenarges Rosero, no hay dolientes para una situación de tan extrema gravedad.

Y, esperamos para bien de la gente de Mocoa, que la Contraloría General de la Nación no vaya a encontrar esos hallazgos tan terribles, pero usuales en el Putumayo, en los que se compruebe que parte de los auxilios se han evaporado, lo cual dolorosamente no tendría nada de extraño.

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