Tras la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en todos los países miembros se asumió supuestamente la responsabilidad de proteger el máximo derecho que posee el ser humano: La Vida.
En Colombia, desde ese entonces, se han consagrado dentro de su ordenamiento jurídico una serie de normas que propenden por el respeto y la protección de los derechos humanos de los colombianos; sin embargo, muchas veces, las leyes y pronunciamientos jurisprudenciales que al respecto se han dictado, se han quedado en simple letra muerta dentro los fríos códigos y anaqueles judiciales.
En nuestro país todo gobernante sabe muy bien que la función primordial del Estado es la protección y defensa de los derechos humanos sin distingo de clase, raza o sexo; pero, lastimosamente, debido a la violencia que nos azota y que se manifiesta bajo diversas modalidades, tenemos «una espiral de terror-represión» en que se pierde todo respeto hacia ellos.
Por ello, callar en presencia de los protagonistas de esta violencia absurda e indiscriminada sobre los asesinatos, los secuestros, las amenazas de muerte, las desapariciones, las injusticias, etc., es lo mismo que hacerse cómplice.
No se trata tampoco hoy, de hacer de todo lo anterior tormenta en un vaso de agua, como quieren hacerla ver quienes defienden y patrocinan la violencia.
Pero es que para nadie es un secreto saber que aquí, hemos llegado a un alto grado de descomposición social, en donde ya nadie confía ni en su propia sombra. La seguridad que le corresponde brindar al Estado por intermedio de las autoridades civiles y militares a los defensores de los derechos humanos, es una nostalgia más en este sistema político.
De acuerdo al último informe publicado el 8 de agosto de 2023 por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va corrido de este año, 100 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados. Y a esta escalofriante cifra hay que sumarle la muerte de 24 personas firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las Farc.
Y dentro de todas esas estadísticas recolectadas por Indepaz, Nariño no es ajeno el inmenso problema que afrontan los defensores de los derechos humanos. Pues, en esta sección del país se han cometido 8 asesinatos contra ellos, siendo Tumaco, el municipio en el cual se presentan cuatro casos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, ha anunciado que no ahorrara esfuerzos en aras de garantizar la vida de los líderes sociales y activistas de los derechos humanos; sin embargo, hasta el momento sobre el particular muy poco se ha hecho.
Por ello, estamos en el momento justo y propicio para el Jefe de Estado empiece a cumplir con ese propósito y así evitar que en Colombia y más que todo en Nariño la muerte aceche sobre los defensores de los derechos humanos de nuestra región para que hombres y mujeres con una profunda y sincera conciencia social, abandonen su lucha, la ilusión y la esperanza de tener un presente y un mañana mejor en bien de las comunidades o sectores a los cuales pertenecen.
solarpastas@alvaro-moreno
