No hay peor ciego que el no quiere ver ni peor sordo que quien no desea escuchar, como es el caso del Estado colombiano que no solamente se niega o aceptar, sino que rechaza públicamente el informe realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los atropellos, desmanes, homicidios, torturas, alteraciones de las escenas de los delitos contra la vida de civiles y abusos de autoridad, cometidos institucionalmente y presuntamente por la Policía Nacional de Colombia, en el transcurso de las protestas sociales y movilizaciones sociales sucedidas en el transcurso del año 2021.
En el mayor de los casos las movilizaciones de protesta de la sociedad civil terminaron o se mezclaron con hechos de vandalismo que debieron ser intervenidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios. Esmad, de la Policía Nacional, lo cual creó las condiciones, circunstancias y hechos para reprimir indiscriminadamente la rebelión social que incluso fue aceptada y pregonada por el Presidente de la República, Iván Duque, como legítima y derecho ciudadano, siempre y cuando fuera pacífica. La mezcla de protesta social pacífica y vandalismo fue compleja, indiscriminada, incontrolable, inaceptable, inadmisible e intolerable, dejando como huella los casos de tortura, homicidios y violencia cometida por las partes en conflicto, con el agravante que los policías son agentes del Estado, son servidores públicos del Gobierno y por lo tanto son responsables de reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos.
El Presidente de Colombia responde que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, ante lo cual es necesario tener en cuenta que tales “actos de criminalidad”, fueron cometidos por ambas partes en conflicto, tanto por algunos vándalos como por parte de algunos policías.
Julieth Ramírez, de 18 años de edad, muere por el impacto de” una bala perdida”, el pasado 9 de septiembre del 2021, según su Papá Harold Ramírez, sin haber estado participando en alguna protesta social, caso que sigue en la impunidad debido a que según lo afirma, hay una orden de frenar la investigación penal, debido a que se han hecho cambios de fiscales e investigadores, porque “se la buscó”, mientras por parte la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, asegura que “fue una masacre”.
María del Carmen Viuche, de 40 años de edad, fue atropellada por un bus del servicio público de transporte, STP, conducido por un vándalo que conjuntamente con otros vándalos habían interceptado el vehículo, quitándole la vida, en un acto calificado por una parte de la institucionalidad como vandalismo, criminalidad y asesinato, mientras la Alcaldía de Bogotá dice que fue una acción colateral, sin que entonces la reconozca como víctima de la protesta social que terminó en vandalismo.
Así que no hay peor ciego que quien no quiere oír, como tampoco hay peor sordo que el que no quiere ver.
Por: Emilio Coral Ojeda
